México, 20 ene (Prensa Latina) La acusación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) contra el exsecretario de Defensa de México Salvador Cienfuegos, tenía el objetivo de crear un escándalo, denunció hoy el fiscal general Alejandro Gertz.
En una larga entrevista al diario La Jornada, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), consideró además que estuvieron esperando con toda malicia para llevarse el prestigio de México y sus instituciones al demonio. México abrirá el caso al escrutinio internacional, anunció.
Frente a las críticas hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra el general, Gertz aseguró no temer a represalias del vecino país pues el caso se trata de manera institucional, no es un asunto de personas.
Confirmó que el Ministerio Público Federal inició una investigación para determinar si la manera en que la DEA obtuvo las pruebas contra el militar fue legal, y esta indagatoria se abrirá al escrutinio de autoridades de derechos humanos internacionales, a las que se extenderá la invitación para que acompañen a la fiscalía.
Por lo pronto, señaló, el expediente entregado por la agencia estadounidense a la autoridad mexicana fue insuficiente para demostrar la responsabilidad de Cienfuegos en la comisión de los delitos que se le imputaban.
El pasado 16 de octubre el general viajó con su familia de vacaciones a Estados Unidos y fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por agentes de la DEA.
Durante cinco semanas permaneció detenido, acusado de vínculos con el cártel del H-2 y haber cometido delitos contra la salud y lavado de dinero, y cinco semanas después desistió de las imputaciones y fue regresado al país como una persona sin acusaciones.
México investiga cómo la DEA obtuvo sus supuestos datos y ahora se quejan de que esto puede deteriorar una colaboración, basada en el secretismo.
Reveló que la FGR comunicó al representante de la DEA en México la decisión del no ejercicio de la acción penal y le entregaron copia de todos los argumentos jurídicos para los efectos procedentes.
De esa manera, ellos pueden ir en contra de la resolución, impugnarla en la propia fiscalía, aportar las pruebas que consideren que los benefician. Su impugnación, junto con las nuevas pruebas que eventualmente entreguen, se analizarán en su momento.
Estamos abiertos a ir a los tribunales para demostrar la legalidad y fortaleza de la determinación, afirmó el fiscal general.